El sector lácteo, el más sancionable por irregularidades en la cadena alimentaria

EFEAGRO

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha ofrecido el balance anual y acumulado de la actividad de la AICA y, según se recoge en el mismo, a lo largo de sus tres años, se han realizado 5.957 inspecciones de oficio de la ley de la cadena y los mercados oleícolas.
Los controles de los tres últimos años han dado como resultado la propuesta de 622 sanciones, 347 por no respetar la ley de la cadena y 275 por impagos de las cuotas obligatorias a las Organizaciones Interprofesionales de aceite de oliva y de aceituna de mesa, por extensión de norma.
De estas 347 sanciones propuestas, el 62 % corresponde a no respetar los plazos de pago, mientras que en 2016 el 82 % se debieron a la ausencia de contrato.

A este respecto, la AICA ha puesto en marcha un programa específico de verificación y comprobación de la existencia de contratos en todos los sectores agrícolas y ganaderos, en el marco del Plan de Control 2016-2017.

Desde que comenzó su actividad la AICA, el sector lácteo y el de frutas y hortalizas fueron los más sancionados, con un 41 y un 51 % respectivamente durante tres años.

El objetivo de esta campaña es, según el Mapama, comprobar que todas las transacciones comerciales por importe superior a 2.500 euros quedan recogidas por escrito en un contrato alimentario.
En cuanto a los datos de las sanciones acumuladas desde que comenzó su actividad la agencia, el sector lácteo y el de frutas y hortalizas fueron los más sancionados, con un 41 y un 51 % respectivamente durante los tres años.
Además, en el periodo 2014-2016 la industria registró el 53 % de las sanciones y la distribución (mayorista y minorista) el 47 % restante.
Por comunidades autónomas, el 32 % de las sanciones propuestas por AICA por incumplimientos de la ley se concentran en Galicia, seguida de Extremadura (14 %), Andalucía (12 %) y Madrid (11 %).
Por otra parte, en AICA se han recibido 149 denuncias en el último trienio, de las que 51 fueron por venta a pérdidas, una práctica prohibida por la Ley de Comercio Minorista y que es competencia de las comunidades autónomas.