ECVC considera que la propuesta del Comisario Hogan respecto a la regulación de las prácticas comerciales abusivas en la cadena alimentaria dista enormemente de las necesidades de agricultores y agricultoras europeos, dado que no da respuesta a su principal problema: el precio impuesto dentro de una cadena de valor dominada por el oligopolio y la falta de rentabilidad de su trabajo. Ya era el momento de actuar, pero la actuación se queda lejos de lo esperado. Ahora se abre un campo de reflexión y trabajo en el que tanto el Parlamento como el Consejo deben mejorar sustancialmente la propuesta, en aras de la defensa de los intereses del eslabón más débil, el agricultor.
La Comisión Europea ha propuesto una Directiva y no un Reglamento, que sería de aplicación directa. Por tanto, se faculta a los EEMM que fijen distintas normativas, con una base común, pero poniendo en riesgo la unidad de mercado europeo, ya que todas pueden ser distintas y generar problemáticas muy diversas en el comercio intraeuropeo (países con sanciones ridículas frente a otros con multas bien dimensionadas, países con nula sensibilidad de aplicación frente a otros con autoridades de control que ejercen correctamente sus competencias…). ECVC considera que esta situación ahonda en la práctica de renacionalización de las políticas de la UE que, como puede ocurrir en la posible futura PAC, no es exigente a través de una regulación y aplicación comunes, sino que desmiembra las normativas en pedazos a capricho de los EEMM, en contra de los conceptos fundacionales de la UE y del mercado único.
La propuesta de directiva se focaliza únicamente en la regulación de determinadas prácticas abusivas, dejándose por el camino algunas de las más relevantes como la venta con pérdidas, la demora en los pagos de productos no perecederos, o no incluyendo una cláusula de cierre que pudiera dar respuesta a posibles futuras prácticas abusivas. Pero también olvida la necesidad de establecer una contractualización obligatoria en el marco de la UE. En dichos contratos se ha de reflejar, entre otras cuestiones, el precio, siempre con consideración de los costes de producción que asumen los y las agricultoras.
Según lo planteado hoy por la Comisión, se deja en manos de los EEMM la designación de una autoridad pública para controlar las prácticas prohibidas en cada estado, pero no se establece una autoridad europea única de aplicación y control. Este elemento es una de las grandes debilidades de la propuesta.
Finalmente, ECVC desea recordar que el funcionamiento de la cadena agroalimentaria debe analizarse desde un marco global, marcado por la liberalización de los mercados agrícolas y la pérdida de elementos regulatorios y de sostenimiento de los mercados en el eslabón de las y los campesinos. Eliminar las políticas de regulación de mercado en la agricultura y la alimentación y colocarlas en el escenario internacional es destruir el modelo de agricultura social, sostenible, basado en una producción realizada por miles de campesinos y campesinas. Luchar contra las malas prácticas no es suficiente para asegurar un futuro sostenible. Dentro de este marco general, es también imprescindible la búsqueda de equilibrio entre las normas de competencia, su aplicación por parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agrario y alimentario.
