La Comisión Europea presentó el miércoles 22 de junio un nuevo plan para garantizar que los acuerdos comerciales globales de la UE protejan el clima, el medio ambiente y los derechos de trabajadoras y trabajadores.
Según lo anunciado, el plan garantizará que los socios comerciales se comprometan con las normas establecidas en el Acuerdo de París y los principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
ECVC denuncia la escasa ambición de la Comisión Europea de abordar únicamente los futuros tratados de libre comercio, lo que da vía libre a los antiguos tratados para que continúen su devastación medioambiental y social.
Estos acuerdos son mucho más beneficiosos para las agroindustrias de importación y exportación, que acaparan tierras, explotan recursos y alimentan inversiones financieras cuyo único interés es especular. La Comisión no está interesada en las verdaderas causas de los problemas y cuestiones globales, ya que la base de estos acuerdos es destruir el clima, el medio ambiente y la soberanía de los países, especialmente del Sur.
Al concluir la 12ª reunión ministerial de la OMC, queda claramente demostrado que la voluntad de la UE es continuar con el impulso de las últimas tres décadas de desregulación, privatización y políticas que han vulnerado estructuralmente los derechos de la comunidad campesina, diezmado las economías rurales, los mercados agrícolas internos y la soberanía alimentaria de nuestros territorios.
Para ECVC, ya no es posible firmar nuevos acuerdos de libre comercio, supuestamente sostenibles, sin replantear todo el conjunto de normas comerciales internacionales.
De hecho, esta exacerbada liberalización del comercio impide la aplicación de nuevas políticas públicas destinadas a favorecer los sistemas alimentarios diversificados del mundo y a facilitar la deslocalización sostenible de la producción agrícola. Se debe abandonar la idea de que la agricultura es un objeto de intercambio, ya que se trata de un derecho necesario para la prosperidad de los territorios, al favorecer las reservas públicas, la regulación de los mercados para garantizar una renta a agricultoras y agricultores y el acceso seguro a una alimentación sana, incluso para los estratos menos favorecidos de la sociedad.
Apoyar la producción local, mediante la ayuda a los países del Sur para que aseguren su suministro local en lugar de las importaciones, sería un verdadero paso hacia una política comercial internacional ecológica, justa y equitativa.
Si la ambición de la Comisión es tener sistemas alimentarios justos que respetan con los Acuerdos de París, debe cambiar el paradigma comercial al reconocer la excepción agrícola para lograr un progreso real en materia de clima y medio ambiente. Debe garantizar que agricultoras y agricultores que producen localmente obtengan unos ingresos justos y que se respeten sus derechos en Europa y en todo el mundo. Por lo tanto, la prioridad de la UE, como actor clave en el comercio internacional, debería ser desafiar las normas del Acuerdo de Marrakech de 1994, en lugar de intentar minimizar sus impactos.
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