[Fonte:ASAJA]
Durante este año que ahora concluye la actividad, en el ámbito comunitario, ha estado marcada principalmente por las negociaciones para alcanzar un acuerdo de retirada del Reino Unido (Brexit), la configuración de un Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027 y los debates sobre el futuro de la PAC en un horizonte posterior a 2020.
Como se recordará, el pasado 29 de marzo de 2017, el gobierno británico de Theresa May anunció la activación del artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en virtud del cual se inicia el proceso de retirada de un país de la Union Europea. El Estado miembro tiene dos años exactos para negociar las condiciones no solo del divorcio, sino de las futuras relaciones con el resto de miembros de la UE.
Si en 2017 las negociaciones sobre las condiciones de la separación (compromisos financieros, situación de los ciudadanos europeos en el RU y británicos residentes en la UE sobre todo) avanzó con relativa normalidad, la segunda fase sobre las futuras relaciones entre el Reino Unido y la UE-27 y fundamentalmente la situación de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte han sido protagonistas de los debates al más alto nivel, a ambos lados del Canal de la Mancha.
La fecha del 29 de marzo de 2019, donde se haría efectiva y de pleno derecho la retirada del Reino Unido de la UE, se acerca sin que el panorama se haya aclarado, especialmente del lado británico, ya que la posición europea, encabezada por Michel Barnier se mantiene muy firme y sólida, mientras que el Reino Unido y pese a haber superado la moción de censura, la posición de Theresa May y del Gobierno británico sigue siendo errática y sin iniciativas dignas de ser tenidas en cuenta por el bloque comunitario.
Si el acuerdo de retirada se ratifica antes del 30 de marzo de 2019, el Derecho de la UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido el 1 de enero de 2021, es decir, transcurrido un período transitorio de 21 meses.
Si el acuerdo de retirada no se ratifica antes del 30 de marzo de 2019, no habrá periodo transitorio y el Derecho de la UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019. Esta hipótesis se conoce como «escenario sin acuerdo» o «escenario límite».
A falta de tres meses de que se cumpla el plazo, cualquier cosa puede pasar y de hecho la Comisión está instando a los 27 Estados Miembros a fijar planes de contingencia que contemplen incluso el escenario de una salida el 29 de marzo de 2019 sin ningún acuerdo. La propia Comisión Europea acaba de aprobar un paquete inicial de medidas de contingencia en previsión de una retirada sin acuerdo en la fecha límite establecida.
Por supuesto, la salida del Reino Unido del club comunitario tiene unas consecuencias evidentes en el presupuesto comunitario, al tratarse de un país contribuyente neto. Se estima que el agujero presupuestario que supone la salida del Reino Unido supera los 13.000 Millones de Euros anuales. Lógicamente esto tiene un efecto directo en la negociación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en el que además de no contar con las aportaciones británicas al presupuesto común, se añaden nuevas prioridades de la Comisión Europea en materia de seguridad y refuerzo de fronteras, inmigración y refugiados, juventud y crecimiento económico, innovación y digitalización y los compromisos medioambientales adquiridos en el Marco de Naciones Unidas en la Agenda 2030 y en la Conferencia sobre el Cambio Climatico (COP21).
En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó sus propuestas legislativas para el próximo Marco Financiero Plurianual. Como es habitual en este tipo de procesos legislativos, previamente la Comisión había avanzado una Comunicación en la que proponía una serie de hipótesis de futuro, así como una consulta pública para conocer la opinión de los principales interlocutores no gubernamentales y representantes de la sociedad civil.
En las propuestas legislativas, la Comisión propone un incremento moderado del Presupuesto de la UE, pero recortes de consideración en la financiación de la PAC, tanto en el primer Pilar (un 4% en precios corrientes), como y muy especialmente en el segundo pilar (cerca de un 15% en precios corrientes), reduciendo además la aportación comunitaria a la cofinanciación de las medidas de desarrollo rural. En definitiva, el coste de la salida del Reino Unido se cubriría reduciendo los pagos en la agricultura, algo de todo punto inaceptable por parte de muchos países de la UE, liderados entre otros por España, que en la declaración llamada de Madrid, apuestan por un presupuesto digno y suficiente para la PAC, incrementando si es necesario las aportaciones nacionales al presupuesto común. Esta posición agrupa en la actualidad a una veintena de países dentro de la UE.
Si bien todavía no hay acuerdo en cuanto al futuro Marco Financiero, si parece que lo hay en la necesidad de alcanzar un acuerdo político lo antes posible. Esto se debe esencialmente a la preocupación de la Comisión Europeas y de no pocos Estados Miembros sobre los resultados de las elecciones Europeas de mayo de 2019, con una Eurocámara mucho más fragmentada y en la que previsiblemente los grandes bloques perderán mucho peso y escaños a favor de grupos más radicales e incluso abiertamente antieuropeistas. Por tanto, todo lo que se pueda avanzar en este mandato para poder afianzarlo en el siguiente es considerado como esencial para las instituciones comunitarias.
Lo mismo ocurre con las negociaciones sobre la PAC, si bien la inmensa mayoría de las instituciones negociadoras y las partes involucradas consideramos que la entrada en vigor se retrasará irremisiblemente a 2022 o incluso 2023.
Las propuestas legislativas para la PAC post-2020 se presentaron el pasado mes de junio (previamente había aparecido la Comunicación “El futuro de los alimentos y la agricultura”, así como la consulta pública pertinente), iniciándose el proceso de adopción que necesariamente requiere el acuerdo de los dos colegisladores, Consejo y Parlamento Europeo. A pesar de que la Comisión mantiene su calendario, las probabilidades de alcanzar un acuerdo antes del cierre del Parlamento Europeo para dar paso a las elecciones y a una nueva Eurocámara son cada vez más remotas y casi todos apuestan por que la futura PAC no entrará en vigor hasta 2022 o 2023.
Las principales novedades de esta propuestas radican, más que en la medidas que se proponen, la mayoría de las cuales ya bien conocidas, en la marcada subsidiaridad, que incluso podría interpretarse como renacionalización, a la hora de tomar decisiones trascendentales en la aplicación de la PAC. En el Nuevo Modelo de Ejecución prevé que sean los EE.MM. en sus Planes Estratégicos y en base a sus propios análisis DAFO, quienes decidan cuales son las mejores medidas (“intervenciones”) a aplicar para alcanzar unos objetivos muy generales marcados, eso sí, desde la UE. La Comisión mantendría un papel de auditoria y supervisión, pero dejando un gran margen de maniobra al Estado miembro.
El otro aspecto destacado de las propuestas es su marcado carácter medioambientalista. La UE se ha comprometido a dedicar al menos el 25% de cada una de sus políticas (y de su presupuesto) a prácticas en beneficio del clima y el medioambiente. En el caso de la Agricultura, esta rama económica contribuirá aún más a este propósito, de manera que más del 40% de los fondos del FEADER se destinen a objetivos de lucha contra el cambio Climatico y
que en el primer pilar se incluya una nueva medida de carácter medioambiental de carácter obligatorio para el país y voluntario para el agricultor que vaya más allá de la condicionalidad (reforzada) y sea complementaria adicional a las medidas agroambientales del segundo pilar.
En materia de mercados, tal vez sea oportuno destacar la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales en la UE, que si bien no es tan ambiciosa como el sector productor desearía, sí supone una iniciativa y un paso importante para incorporar transparencia y equidad en las relaciones comerciales dentro de la UE, incluso si el comprador es de un país tercero, así como una cierta protección para el sector más débil de la cadena agroalimentaria.
Si bien la Directiva es de obligado cumplimiento, es cada Estado miembro quien vía transposición legislativa se responsabiliza de hacerla efectiva en su país. España, por ejemplo, puede adaptar su legislación en la materia ajustándose a los criterios de la Directiva y manteniendo en la legislación aquellos aspectos que no hayan sido cubiertos por la misma.
En vísperas de Navidad se han cerrado satisfactoriamente los Trílogos de negociación entre Parlamento Europeo y Consejo, con la Comisión Europea como facilitadora y se espera que en las próximas semanas reciba el acuerdo formal para su transposición en los Estados Miembros y entrada efectiva en vigor.
En Comercio Exterior, la UE vuelve a consolidarse como principal potencia mundial agroexportadora (también importadora) y España ocupa un puesto destacado en el ranking de principales países exportadores de productos agroalimentarios, con valores anuales superiores a los 50.000 millones de Euros y una balanza comercial agroalimentaria netamente positiva.
Esta posición se puede ver incluso reforzada en virtud de algunos acuerdos comerciales que la UE ha ultimado en este año y años precedentes, como el acuerdo con Canadá, el acuerdo de modernización con México o el reciente adoptado y que se espera que entre en vigor a primeros de 2019 con Japón. Todos ellos ofrecen grandes expectativas para nuestro sector. Pero no todo son buenas noticias, ya que permanece el contencioso con EE.UU. por los aranceles establecidos de forma arbitraria y unilateral contra las aceitunas negras españolas, el embargo ruso a ciertas exportaciones europeas, o las incertidumbres en torno a un acuerdo con Mercosur, en donde el sector agrario podría volver a ser moneda de cambio en beneficio de otros sectores.
2019 promete ser un año cargado de decisiones y acontecimientos importantes. El primero y más importante será el nuevo escenario europeo tras las elecciones de mayo, que en el caso de España se completan con elecciones municipales y regionales en buena parte de nuestras Comunidades Autónomas. En esta fecha, algunas semanas antes o meses después también tendrán lugar las generales, por lo que el panorama electoral será completo en España.
Con toda probabilidad se habrá de tomar una decisión en cuanto al Brexit, que a fecha de hoy tiene todos los escenarios abiertos, habrá posiblemente acuerdo en torno al Marco Presupuestario para el periodo 2020-2027, la nueva Eurocámara decidirá si continua con los trabajos sobre la nueva PAC en la base dejada por los eurodiputados antes de mayo de 2019 o comienzan a trabajar desde cero, avanzaran las negociaciones en torno a un Acuerdo con Mercosur y proseguirán los trabajos iniciados en 2018 con Australia y Nueva Zelanda, habrá que seguir con atención el conflicto comercial entre EE.UU. y China y un largo etcétera.
En definitiva, 2019 promete ser todo menos aburrido.
Ignacio López Garcia-Asenjo
Dtor de Relaciones Internacionales de ASAJA
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