A lo largo del año pasado, lo he venido exponiendo, en varias de mis charlas, seminarios, clases y notas escritas para este boletín: la inflación real y la inflación subyacente real (que, por cierto, sigue subiendo), van a castigar duramente el consumo de alimentos en España en el año 2022 y así ha sido, como no podía ser de otra manera.
Vayamos por partes, lo primero que hay que dejar muy claro es que, a efectos prácticos, el incremento oficial del IPC el año pasado del 6,8 por 100, anunciado a bombo y platillo por nuestro Gobierno, alegando, además, que es una de los más bajas de Europa, no se ajusta, en absoluto, a la realidad económica ni del país ni de sus habitantes (recordemos que el IPC se elabora a partir del incremento de los precios de 479 productos y además se ha estimado, para estos últimos doce meses, sin tener en cuenta, lógicamente, el coste ya incrementado de la mayoría de los productos considerados en los meses anteriores).
Para empezar, no es comparable lo que pasa en el Estado de la “excepción Ibérica”, con lo que acontece en otros Estados de la U.E. – 27, porque, en general, los salarios españoles son significativamente más bajos que los de otros Estados de la U.E. Consecuentemente, el encarecimiento de los productos, especialmente los básicos, hace mucho más daño aquí, a la clase media y a la clase trabajadora, que, por ejemplo, en Dinamarca, Alemania o Francia.
Sería muy muy oportuno no perder de vista, al hablar de esta temática, que actualmente, en España, unos 13 millones de nuestros conciudadanos están, de acuerdo con los datos oficiales, en “riesgo de pobreza”; unos 4 millones están en situación de “carencia material severa” y que, alrededor de unos 4 millones de asalariados, son mileuristas,
Por otra parte, si, en base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), nos centramos en lo que ha sucedido con los precios en España, en los últimos 18 meses, la realidad económica existente resulta mucho más fácil de entender.
En efecto, procediendo de esta manera, resulta que el IPC se ha incrementado realmente, en el periodo considerado, del orden de un 11 por 100 y los alimentos y bebidas lo han hecho en un 17 – 18 por 100. Por su parte, la cesta de la compra lo ha hecho en una cifra que ronda el 21 por 100 (a título de ejemplo, los huevos han subido un 26 – 27 por 100, el pollo un 18 – 19 por 100, el cerdo un 12 – 13 por 100, el pescado un 9 – 10 por 100 y la harina cerca de un 40 por 100).
Ante estas realidades a nadie puede extrañar que la organización FACUA-Consumidores en Acción (una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada desde sus orígenes, en el año 1981, a la defensa de los derechos de los consumidores) haya publicado una encuesta propia en el periódico nacional “La Razón”.
En ella ha puesto de manifiesto que el 25 por 100 de las familias compra ahora menos verduras y hortalizas frescas; el 29 por 100 de los españoles ha reducido la compra de la fruta fresca y un 23,3 por 100 el de los lácteos. Paralelamente más de la mitad de las familias que viven actualmente en España, se ha visto obligada a reducir su consumo de pescado así como de vacuno, mientras que un 37,4 por 100 ha reducido su consumo de cerdo y un 28,5 por 100 el de pollo.
Ésta y no otra, es la realidad económica de la España que afronta el año 2023, cuando ¡atención! sigue sin cumplirse, en la inmensa mayoría de los casos, Ley de la Cadena Alimentaria y se sigue sin aplicar a fondo, como necesita el país, asumiendo obviamente sus riesgos una adecuada política antiinflacionaria.
La misma, creo yo, debería empezar por un control riguroso en el desenvolvimiento del gasto público (dejando de regalar dinero); debería afrontar, sin vacilar, la adecuación de la liquidez del mercado financiero a la economía real, destinando el exceso de liquidez al desarrollo económico; debería desarrollar una política industrial que incrementara la productividad y, con ella, de forma adecuada los salarios; también debería afrontar un control y una fiscalización, eficientes y eficaces, de las estructuras oligopólicas de los mercados, etc. etc..
Ya sé que hoy, en España, hablar de estos temas es prácticamente “predicar en el desierto”. Pero me veo en la obligación profesional (ética y moral) de hacerlo, aunque reconozco humildemente que, con toda probabilidad, se me ha ido, al escribir esta nota, la flapa, al menos temporalmente.
Carlos Buxadé Carbó.
Catedrático de Producción Animal.
Profesor Emérito.
Fonte: IACA
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